Hasta el momento, los supuestos negocios turbios, fraudulentos e incluso delictivos que se relacionaban con la figura del ex Jefe del Estado, si bien eran vox populi, no se podían fundamentar más que en indicios o meras rumorologías. Sin embargo, ahora existen pruebas que podrían corroborar estos supuestos y que ya se encuentran a disposición de la Audiencia Nacional.
Desde IZQUIERDA EN POSITIVO, ante la gravedad de los hechos, entendemos que los responsables políticos no pueden vacilar ni dar la callada por respuesta, ni mucho menos continuar elucubrando en el “pacto de silencio” que históricamente han mantenido PP y PSOE tendente a salvaguardar a cualquier precio la institución monárquica, a pesar de los claros indicios de corrupción que sobre ella han pesado durante el reinado de Juan Carlos I. Así, la respuesta política debe ser clara, contundente e implacable, ya que lo que está en juego es la imagen y la decencia de nuestro propio país.
Por todo ello, apoyamos la solicitud de Unidos Podemos y otros grupos parlamentarios de creación de una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, así como cualquier otra medida que encamine al esclarecimiento de los hechos y a la depuración de responsabilidades, sean políticas o incluso judiciales, no importando quiénes sean las personas involucradas. Resulta, no obstante, demagógico y ruin el apoyo de PNV y PdCAT, partidos que han sostenido y apuntalado al bipartidismo hasta la fecha y que han sido cómplices por activa o por pasiva del mencionado “pacto de silencio” y de la corrupción sistémica instalada en nuestro país desde la Transición.
Una de nuestras principales reivindicaciones es la igualdad de todos los españoles: mismos derechos, mismas obligaciones y misma asunción de responsabilidades, y ello debe alcanzar también al mismísimo ex Jefe del Estado, quien, si bien sí es aforado, ya no goza de inviolabilidad, con lo que podría ser juzgado por el Tribunal Supremo ante lo que parecen claros indicios de delito al menos contra la Hacienda Pública.
IZQUIERDA EN POSITIVO, en tanto que republicanos, apostamos por la democratización de la jefatura del estado en el momento que la sociedad española así lo exprese y la correlación de fuerzas lo permita. Pero, mientras eso no suceda, tanto la persona que ostenta dicha jefatura como su cohorte debe conducirse con una conducta intachable no solo en lo aparente, y cualquier ilegalidad debe ser perseguida. Es por ello que proponemos la reforma del artículo 56.3, Título II de la Constitución, a fin de suprimir la figura de la inviolabilidad del Rey, debiendo así responder éste ante la ley como cualquier otro ciudadano.
Aprovechando este comunicado, desde IZQUIERDA EN POSITIVO, queremos mostrar nuestro más firme compromiso e instamos al Gobierno y a todos los organismos e instituciones públicas a que de una vez por todas se investiguen, esclarezcan y si hace falta se desclasifiquen todos los archivos secretos que acrediten asuntos, acuerdos, operaciones y pactos oscuros y delictivos que han sido concertados, perpetrados o dirigidos desde las entrañas del Estado, es decir, desde las “cloacas del estado”, y se pongan en su caso a disposición judicial para que se depuren todas las responsabilidades civiles y penales que se deriven, caiga quien caiga, y ello por el bien de España y de nuestra dignidad como nación.
Barcelona, a 25 de Julio de 2018
Grupo Promotor de IZQUIERDA EN POSITIVO
Muy buen comunicado. Me alegra que os defináis como REPUBLICANOS, ya está bien que el término se lo apropien los seguidores del monarca Pujol
Se ha resaltado la necesidad de investigar y destapar las «cloacas del estado», ya que todos los casos de corrupción afectan a todas las instituciones del Estado, y cuando hablamos de corrupción no nos referimos solo a tema económico, también a otro tipo de tramas delictivas de mayor alcance. Que Izquierda en Positivo sea /seamos adalid en esa causa, afrontándolo sin miedos y de forma contundente, es una gran noticia y una gran esperanza.
Domina en la opinión pública una interpretación de la «inviolabilidad» del rey que no tiene fundamento racional alguno. La inviolabilidad debería afectar solo a los actos que realice en cumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución. Si roba, mata, estafa o actúa fuera de esas funciones con fines anticonstitucionales no debería ser inviolable, sino juzgado y sentenciado. En todo caso, al igual que Robespierre, soy de los que opina que no se puede reinar inocentemente.